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'Not going anywhere' Immigrant rights activists rally against HCR 2060 at Arizona Capitol

Immigrant rights activists rally against HCR 2060 at Arizona Capitol


By Jose Gonzalez, La Voz


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Outside the lawn of the Arizona state Capitol on Saturday, Gina Mendez reflected on the 18-year battle she and others have waged against legislation they consider anti-immigrant and racist.


The 33-year-old Mexican American and south Phoenix resident walked out of Cesar Chavez High School as a freshman student in 2006 to protest an immigration enforcement bill ultimately vetoed by then-Gov. Janet Napolitano.


The bill was an iteration of 2004's Protect Arizona Now — a proposed law that would have blocked services to undocumented immigrants and was a precursor to Senate Bill 1070, which was aimed at driving that population out of the state by "attrition through enforcement" means.


Mendez, who acts as organizing director for Living United for Change in Arizona (LUCHA), was joined by more than 100 activists from multiple organizations in a rally decrying House Concurrent Resolution 2060.


"It's scary," Mendez said of HCR 2060, which is likely to be approved Monday by Republicans as a ballot measure in the general election.


The activist shared that the ballot is creating a climate targeting people like Mendez's mother, a naturalized U.S. citizen who was born in Mexico and is Spanish monolingual.


"I think about how this law will directly impact her, and how police can harass her and ask her for her status, even though she's a citizen," said Mendez. "And that's just based on the skin color and her language."


She said racial profiling has led to her and fellow organizers being stopped by border patrol when traveling between the organization's Cochise County and Phoenix offices.


"We are here to say, 'No more. We're not doing that anymore'"

HCR 2060 would cut off public welfare programs based on residency status. Amendments made Thursday include requiring prisons take in detained migrants. The law would remove, by court ruling, the exemption in place for Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) recipients, who are those brought in as children and are commonly referred to as "Dreamers" after failed legislation called the DREAM Act.


LUCHA's chief of staff, Abril Gallardo, 33, is herself a "Dreamer."


"This bill is worse" than SB 1070 because of its targeting of DACA recipients, Gallardo said.


Still, Gallardo expressed resolve. She participated in high school walkouts against SB 1070, but argued immigrant rights activists are better organized than in 2010.

"We are here to say, 'No more. We're not doing that anymore,'" Gallardo said. "We're not going anywhere. We're stronger than ever."


Gallardo mentioned LUCHA plans to knock on a million homes to campaign against the ballot.


"Our movement has grown since the last time that we saw a bill like SB 1070. Our political force is bigger. The political landscape in Arizona has transformed," said Raquel Terán, a former state senator and Arizona Democratic Party chair who is running for the U.S. House in the 3rd Congressional District.


Terán remembers rallying against SB 1070 at the Capitol.


"The engagement is at a different level. Most importantly, bills like this are bad for the community, they're bad for the state and they're bad for business," Terán said.


The nonpartisan think tank Grand Canyon Institute found HCR 2060's border enforcement provision would cost the state $185 million a year. Mendez pointed to the report's figures as she lobbied against state lawmakers she said "push legislation to criminalize undocumented people."





'No más': Activistas de Phoenix se manifiestan en contra de controvertida medida HCR 2060


A temprana hora del sábado, a las afueras del Capitolio de Arizona, Gina Méndez reflexionó sobre la batalla de 18 años que ella y otros han librado contra una legislación que consideran antiinmigrante y racista.


La méxicoestadounidense de 33 años y residente del sur de Phoenix salió a la calle desde su Escuela Secundaria César Chávez cuando era estudiante de primer año en 2006 para protestar contra un proyecto de ley de control de inmigración que en su momento fue vetado por la entonces gobernadora Janet Napolitano.


El proyecto de ley fue una iteración de Protect Arizona Now de 2004, una ley propuesta que habría bloqueado los servicios a inmigrantes indocumentados y fue un precursor del Proyecto de Ley Senatorial 1070, ley conocida como la "muéstrame tus papeles" que permitía a agentes estatales implementar la ley migratoria —esa aplicación solo le pertenece al gobierno federal.


Méndez, quien actúa como directora organizadora de Living United for Change en Arizona (LUCHA), estuvo acompañada por más de 100 activistas de múltiples organizaciones en una manifestación el sábado en protesta de la Resolución Concurrente 2060 de la Cámara de Representantes, o HCR 2060.


"Da miedo", dijo Méndez sobre la medida, que probablemente será aprobada esta semana por los republicanos y pasará a los votantes como medida en la boleta en las elecciones generales de noviembre.


La activista compartió que la HCR 2060 está creando un clima dirigido a personas como la madre de Méndez, una ciudadana estadounidense naturalizada que nació en México y es monolingüe en español.


"Pienso en cómo esta ley la afectará directamente y cómo la policía puede acosarla y preguntarle por su estatus, aunque sea ciudadana", dijo Méndez. "Y eso se basa sólo en el color de la piel y su idioma".


Dijo que la discriminación racial ha llevado a que ella y sus compañeros organizadores sean detenidos por la patrulla fronteriza cuando viajaban entre las oficinas de la organización en el condado de Cochise y Phoenix.


'No más. Ya no haremos eso'

HCR 2060, conocido como la "segunda versión de SB 1070", daría poder a oficiales locales de arrestar a inmigrantes indocumentados y deportarlos sin pasar por el procesamiento federal que existe actualmente y ofrecería protecciones a los agentes que participen en estas actividades, incluyendo inmunidad civil y derecho a indemnización por incidentes ocurridos durante el cumplimiento de la ley.


La medida también agrava las penalidades contra cualquier persona que presente documentación falsa para obtener beneficios públicos estatales o locales y estipula como requisito el uso del programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para sus Derechos (SAVE por sus siglas en ingles) por medio del cual la oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos verifica el estatus migratorio o la ciudadanía de solicitantes de beneficios.

Las enmiendas presentadas el jueves incluyen exigir que las cárceles acepten a los inmigrantes detenidos y establece la venta de fentanilo como un delito grave, aumentando las penas por cargos relacionados.


La ley también eliminaría, mediante fallo judicial, la exención vigente para los beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que son aquellos traídos cuando eran niños y comúnmente conocidos como "Dreamers" después de una legislación fallida llamada DREAM Act.


La jefa de gabinete de LUCHA, Abril Gallardo, de 33 años, es una "Dreamer".

"Este proyecto de ley es peor" que el SB 1070 debido a que está dirigido a los beneficiarios de DACA, dijo Gallardo.


Aun así, expresó su determinación. Participó en huelgas en escuelas secundarias contra la SB 1070, pero argumentó que los activistas por los derechos de los inmigrantes están mejor organizados que en 2010.


"Estamos aquí para decir: 'No más. Ya no haremos eso'", dijo Gallardo. "No vamos a ninguna parte. Somos más fuertes que nunca".


Gallardo mencionó que LUCHA planea tocar un millón de hogares para hacer campaña contra lo que podría convertirse en medida electoral.


"Nuestro movimiento ha crecido desde la última vez que vimos un proyecto de ley como el SB 1070. Nuestra fuerza política es mayor. El panorama político en Arizona se ha transformado", dijo Raquel Terán, exsenadora estatal y presidenta del Partido Demócrata de Arizona que se postula para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en el tercer distrito del Congreso.


Terán recuerda haberse manifestado contra la SB 1070 en el Capitolio.


"El compromiso está en un nivel diferente. Lo más importante es que proyectos de ley como este son malos para la comunidad, son malos para el estado y son malos para los negocios", dijo Terán.


El grupo de expertos no partidista Grand Canyon Institute concluyó que la disposición de control fronterizo de HCR 2060 le costaría al estado $185 millones al año. Méndez señaló las cifras del informe mientras presionaba contra los legisladores estatales que, según dijo, "impulsarían leyes para criminalizar a las personas indocumentadas".


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